Por Enrique Chávez Estudillo*
Con creciente preocupación he seguido de cerca los acontecimientos relativos al Jardín del Arte, es grave que una influyente líder social, como la Sra. Verónica Mastretta Guzmán, haya tenido que salir de Puebla después de una presunta serie de amenazas por la disputa que mantiene con el Gobierno del Estado para controlar el parque.
La semana pasada, la regidora electa y presidenta de la ONG Puebla Verde acusó que en días anteriores hombres que se dijeron ser judiciales (no portaban identificación alguna) acudieron a amedrentarla a la Laguna de San Baltazar, exigían saber todo de Verónica, incluso recibió varias llamadas telefónicas, con amenazas como que "deje de pelearle a la administración estatal el control del Jardín del Arte" sin que a la fecha, el Gobierno del Estado haya fijado una posición formal en este asunto.
Verónica Mastretta también externó su temor de ser encarcelada, como medida de presión política del gobierno para que se desista de la disputa del área pública. Y, hasta hoy, la única respuesta que la gestión estatal ha manifestado ante estos graves señalamientos es el silencio.
En aras de ser responsable, nadie puede dar por sentado que las supuestas amenazas contra dicha líder social provengan de quienes le disputan legal y mediáticamente el manejo del Jardín del Arte. Sin embargo, sería sano y, sobre todo, necesario que el gobierno estatal investigue si existe una campaña de intimidación contra ella y sancione a los responsables.
Las disputas legales y políticas, como la que envuelve dicho parque, deben dirimirse en las instancias correspondientes, sin que se use la intimidación o las amenazas y, especialmente, sin que las autoridades manipulen el aparato de justicia para amedrentar o vencer a un particular.
Usar la intimidación, las amenazas o el control faccioso del sistema de procuración e impartición de justicia, para finiquitar una querella legal o política, es propio de los sistemas autoritarios y policíacos que predominaron en algunos países de América Latina en décadas pasadas y que no deben regir en la actualidad.
En una sociedad democrática como la que aspiramos a construir la mayoría de los poblanos, sería muy adecuado y necesario que el gobierno tome en cuenta a la ciudadanía antes de definir el destino del Parque del Arte. Después de todo, habla bien de cualquier gobernante el escuchar a quienes lo eligieron democráticamente, antes de concretar alguna obra pública, ¿o no?.
*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Puebla
